El Consejo de Administración de Etorlur acuerda exigir el fin inmediato de la ocupación del edificio público de Azkoitia y la adopción de medidas para restablecer la legalidad
El Consejo de Administración de Etorlur acuerda exigir el fin inmediato de la ocupación del edificio público de Azkoitia y la adopción de medidas para restablecer la legalidad
El Consejo de Administración de Etorlur acuerda exigir el fin inmediato de la ocupación del edificio público de Azkoitia y la adopción de medidas para restablecer la legalidad
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Recientemente se ha producido la ocupación ilegal de un edificio situado en el ámbito urbanístico de Intxausti, en Azkoitia, un inmueble de titularidad pública, propiedad de las sociedades Etorlur Gipuzkoako Lurra, S.A. y Azkoitia Lantzen, y por tanto perteneciente al conjunto de las y los azkoitiarras y guipuzcoanos. Este edificio, que en su día albergó una actividad comercial, se encuentra integrado en un ámbito en desarrollo, actualmente en tramitación urbanística y con un expediente de ruina industrial en marcha, en el que está prevista la construcción de viviendas libres y protegidas.
Ante esta situación, en el día de hoy se ha reunido el Consejo de Administración de Etorlur, con representación todos los partidos políticos, sesión en la cual, el Consejo ha acordado denunciar la ocupación ilegal del edificio y exigir la adopción de las medidas necesarias para restablecer la legalidad.
Así pues, la Diputación Foral de Gipuzkoa y Etorlur reiteran su firme condena ante este tipo de actuaciones, que suponen una utilización ilegítima de un bien público que pertenece al conjunto de la ciudadanía. Ninguna reivindicación puede justificar la ocupación ilegal de espacios públicos ni el uso privativo de recursos que son de todas y todos. El respeto a las normas democráticamente establecidas y a la convivencia resulta imprescindible para garantizar una sociedad cohesionada.
En este sentido, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en coordinación con Etorlur y las instituciones implicadas, impulsará las acciones necesarias, incluidas las legales, para proceder al desalojo del inmueble y garantizar que el interés público prevalezca.
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