Elementos clave de las Asambleas Ciudadanas (OCDE)

 

La OCDE, en colaboración con un grupo internacional de importantes profesionales de la administración pública, la sociedad civil y la academia, ha publicado los criterios de mejores prácticas en los procesos deliberativos de toma de decisiones públicas. El objetivo es ayudar a los responsables políticos y profesionales a organizar procesos deliberativos representativos. En la Asamblea Ciudadana trabajaremos en base a estos principios:

 

  1. Propósito: la organización pública comanditaria presenta el objetivo como una misión clara y relacionada con un problema público específico. La pregunta se redactará de forma neutral y en un lenguaje sencillo.
  2. Rendición de cuentas: el contenido discutido influirá en las decisiones públicas. La institución pública comanditaria se compromete a dar respuesta a las recomendaciones de los participantes una vez finalizado el proceso y en público. Supervisará la implementación de todas las recomendaciones aprobadas y publicará informes de seguimiento frecuentes para informar sobre lo que se ha trabajado.
  3. Transparencia: antes de iniciar el proceso de deliberación, los agentes promotores y la organización comanditaria presentarán el proyecto al público. El diseño del proceso y todos los materiales (incluidos cronogramas, informes, información y datos presentados, audio y video de las presentaciones, el informe elaborado por los participantes y sus recomendaciones -que se redactarán con las palabras de los participantes- y las descripciones de las metodologías utilizadas por los ciudadanos seleccionados al azar) se compartirán después de las sesiones en el sitio web del proyecto.
    Los agentes promotores explicarán claramente la fuente de financiación del proyecto; también publicarán la respuesta dada por los representantes públicos a las recomendaciones, la evaluación de la iniciativa y la estrategia de comunicación.
  4. La capacidad de representación: para asegurar la participación de los grupos minoritarios, se trabajará cómo posibilitar su inclusión. La participación debe fomentarse y mantenerse, ya sea pagando a los participantes por su tiempo, cubriendo sus gastos y/o a través de subvenciones, u ofreciendo o pagando por los servicios de cuidado necesarios.
  5. Inclusión: Los participantes deben representar un microcosmos de ciudadanos locales. Para lograrlo, se invita a un grupo que representa la diversidad del territorio y de este se selecciona aleatoriamente a los ciudadanos que participarán en la asamblea. Los criterios de elección de personas se clasifican en dos grupos: por un lado, se utilizan criterios demográficos (el objetivo es representar el perfil demográfico de la población local; y su selección se realiza a partir de datos del censo, entre otros) y, en ocasiones, se utilizan criterios actitudinales (estos pueden variar según el contexto). Todos los ciudadanos deben tener la misma oportunidad de ser elegidos. En algunos casos, es recomendable enviar una invitación a más representantes de grupos de ciudadanos minoritarios, para asegurar que estén representados entre los participantes.
  6. Información: los participantes deben tener acceso a una variedad de datos y conocimientos. Los facilitadores deben asegurarse de que todo esto sea verdadero, significativo y fácil de entender. Los participantes deben tener la oportunidad de escuchar las presentaciones de varios/as expertos/as y hacerles preguntas. Los/as expertos/as serán elegidos/as por los/as ciudadanos/as que participen en el proceso, y entre ellos/as habrá tanto expertos/as en la materia como representantes de movimientos civiles.
  7. Deliberación en grupo: los participantes deberán identificar los puntos de acuerdo y en base a ellos harán recomendaciones a la institución pública. Para lograrlo, se debe practicar: la escucha activa y pausada; considerar y analizar diversas perspectivas; que cada participante tenga la oportunidad de hablar; se seguirán varios formatos deliberativos, incluidos grupos pequeños y sesiones plenarias; facilitación cualificada.
  8. Tiempo: los participantes necesitan tiempo para deliberar; para aprender, evaluar la evidencia y crear recomendaciones basadas en la información. Ya que los desafíos políticos presentados son muy complejos. Para obtener recomendaciones informadas de los ciudadanos, los participantes deben reunirse durante al menos cuatro días; se reunirán menos tiempo sólo en los casos en que pueda justificar. Entre las sesiones habrá tiempo para el estudio y la reflexión individual.
  9. Intengridad: el proceso será implementado por el grupo de coordinación ubicado cerca de la organización comanditaria pero no estará situado dentro de ella. La decisión final debe ser tomada por el grupo motor, y no por la organización comanditaria. Dependiendo del contexto, se establecerá un equipo de supervisión para asesorar sobre el tema y garantizar que se incluyan diversas perspectivas.
  10. Privacidad: La privacidad de los participantes debe protegerse para protegerlos de los medios de comunicación no deseados y del acoso. Asimismo, debe garantizarse la independencia de los participantes; es decir, para evitar sobornos o presiones de grupos de interés y activistas. Las discusiones en grupos pequeños deben ser privadas. Los nombres de los participantes podrán ser publicados al final del proceso, si ellos/as están de acuerdo. La información ciudadana debe gestionarse siguiendo criterios de las mejores prácticas internacionales; entre otros, el Reglamento General de Protección de Datos definido por la Unión Europea.
  11. Evaluación: es necesario asegurar una evaluación anónima de los participantes utilizando criterios objetivos (por ejemplo, la cantidad y variedad de información presentada, el tiempo de aprendizaje, la actitud independiente de los facilitadores), con el objetivo de comprender cómo vivieron el proceso. El equipo motor debe realizar una evaluación interna basada en los criterios de buenas prácticas aquí descritos, lo que ayudará a comprender los logros y las oportunidades para mejorar la práctica. Se recomienda la evaluación independiente en diversos procesos deliberativos, especialmente en aquellos de mayor duración. Asimismo, el proceso de deliberación debe evaluarse para entender el impacto final y las recomendaciones implementadas.

 

Criterios de buenas prácticas en los procesos deliberativos para la toma de decisiones públicas definidos por la OCDE.