José Ignacio Asensio, Diputado Foral de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas (PSE-EE)
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Durante cuatro años (2011 -2015), el gobierno foral de EH-Bildu decidió conscientemente pasar por encima de los acuerdos alcanzados en las Juntas Generales, por los representantes de las guipuzcoanas y guipuzcoanos, para imponer su propia estrategia política en el problema de la gestión de los residuos. Los que insistentemente reclamaban participación no tuvieron ningún escrúpulo en dejar de lado al parlamento de Gipuzkoa para imponer sus propios criterios. A pesar de las múltiples advertencias que se les dirigieron desde el resto de los partidos políticos, desde entidades como ayuntamientos y mancomunidades y por parte de la ciudadanía, eligieron una política de hechos consumados confiando en que sus tesis acabarían imponiéndose.
El pasado jueves, un juzgado de San Sebastián dejó al descubierto estas vergüenzas en una sentencia que recuerda a los responsables de EH-Bildu que no podían hacer lo que hicieron, que ni el gobierno foral ni el Consorcio de Residuos podían modificar de forma unilateral las normas acordadas por la mayoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Esta norma a la que se hace referencia es el Plan Integral de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG), aprobado como Norma Foral en 2008, en la que se contemplaban los sistemas e infraestructuras, incluida la planta de valorización energética, para tratar los residuos de Gipuzkoa, que es reflejo de la voluntad mayoritaria y que, en consecuencia, debe ser respetada y cumplida.
La elaboración del PIGRUG fue un proceso riguroso y detallado, basado en la realidad de Gipuzkoa y su problemática con los residuos, respetuoso con las normativas europeas más exigentes, aplicando los principios de la sostenibilidad y, de la jerarquía comunitaria de residuos: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar la energía de los residuos; lo que significa que solo se valorizará aquello que no haya sido posible reciclar. En este proceso de elaboración del PIGRUG, tomaron parte ayuntamientos, mancomunidades, técnicos expertos y colectivos de ciudadanos representados en un taller de participación EASW realizado con metodologías homologadas y aprobadas por la Unión Europea. Incluso, el proceso para la elección de la ubicación contó con la participación de los municipios y mancomunidades. Todo ello está recogido en el Documento de Progreso que fue aprobado como Norma Foral en 2008 y todo ello es lo que algunos pensaron que podían saltarse para imponer su voluntad.
Además del daño que supone para la democracia urdir estrategias para torcer la voluntad de la ciudadanía, la actuación de EH-Bildu ha provocado otras facturas que la sociedad guipuzcoana está pagando en la actualidad. La primera de ellas, los 11 millones de euros que entre indemnizaciones y trabajos preparatorios hubo que abonar a las empresas adjudicatarias. También se perdió la financiación pública del Banco Europeo de Inversiones, que había concedido un préstamo de 195 millones de euros y puede decirse que, además del dinero, la imagen de Gipuzkoa ante las instituciones europeas sufrió una pérdida importante al paralizar el proyecto de esta manera. El resultado de todo este sinsentido son los más de 40 millones de pérdidas acumuladas por GHK, una pesada factura que estamos pagando todos los guipuzcoanos. Pero los efectos no han sido solo económicos. Hoy en día, Gipuzkoa tiene una carencia total de infraestructuras que le obligan a enviar sus residuos a otros territorios para su tratamiento, con su consiguiente repercusión medioambiental. En síntesis, se ha pasado por encima de la voluntad de la ciudadanía, se ha multiplicado el coste y provocado un gran agujero económico y dependemos de terceros para tratar nuestros residuos.
Semejante balance debe llevar aparejada la exigencia de responsabilidades a los representantes de EH-Bildu que adoptaron estas decisiones. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto la sentencia en manos de sus servicios jurídicos para que determinen las responsabilidades jurídicas y económicas que cabe exigir para proteger los intereses de Gipuzkoa. Las consecuencias pueden ser graves pero es necesario que tomemos conciencia de que las normas que expresan la voluntad de la ciudadanía no pueden ser ignoradas en beneficio propio sin que ello tenga un coste. En términos más llanos: saltarse la democracia no puede salir gratis.
Desde el actual gobierno foral, vamos a seguir cumpliendo lo aprobado en su día por las Juntas Generales. El PIGRUG sigue vigente tal y como lo ha recogido reciente mente la Norma de Presupuestos 2017 y seguiremos cumpliendo sus acuerdos para dotar a Gipuzkoa de un sistema moderno y sostenible para tratar sus residuos, desde el acuerdo y la transparencia. En esta vía, la adjudicación del Centro Medio Ambiental de Gipuzkoa, respetando la norma y con la aprobación del 87% de los miembros del Consorcio, es una buena muestra.
Espero sinceramente que esta sentencia abra un proceso de reflexión en EH-Bildu sobre el significado y alcance de los acuerdos de las Juntas Generales en materia de residuos. Sería muy positivo que la coalición abertzale pudiera sumarse a la solución que Gipuzkoa necesita en esta materia. Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa continuaremos defendiendo ese acuerdo mayoritario porque es el que mejor representa el interés general y porque, en este caso, ha quedado claramente demostrado que es la única vía para que los residuos sean tratados de manera sostenible, la ciudadanía reciba un servicio público razonable y no sometamos a Gipuzkoa al riesgo de una crisis por la incapacidad de dar salida al problema de sus basuras.